Mediante la Ley para Mejorar la lucha contra el Fraude Fiscal (Ley No. 9416 del 20 de diciembre de 2016) se creó la obligación para personas jurídicas y otras estructuras jurídicas domiciliadas en el país de proporcionar en forma anual al Banco Central de Costa Rica (BCCR) el registro de accionistas y beneficiarios finales que tuviesen participación sustancial (en el rango de 15% a 25%), así como reportar los cambios realizados que pudiesen superar tales porcentajes.

Dicha ley dejó espacios abiertos para ser regulados vía reglamento o resolución general. Por ejemplo, la determinación de participación sustantiva (siempre dentro del rango legal); la forma en que debía realizarse el suministro de información de accionistas, así como el suministro de la información relevante tanto para efectos fiscales como para el Instituto de Control de Drogas.

A efectos de llenar estos vacíos legales, el pasado 23 de abril se publicó el “Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales” (Decreto ejecutivo N° 41040-H), el cual contempla, entre otros, los temas indicados a continuación:

• Los sujetos obligados al suministro de información.
• Los sujetos excluidos de esta obligación.
• Los responsables del suministro de información (representantes autorizados por ley para actuar en nombre de personas jurídicas: sociedades, fideicomisos, organizaciones sin fines de lucro, entre otros).
• Implicaciones y carácter de declaraciones juradas de los reportes emitidos por los representantes.
• Participación accionaria sustancial de entidades y estructuras legales domiciliadas en el extranjero.
• Las obligaciones y facultades del Banco Central de Costa Rica.
• La regulación del suministro para el caso específico de fideicomisos.
• La regulación del suministro para el caso específico de organizaciones sin fines de lucro.
• Listas de infractores.
• Solicitudes de rectificación de la información.
• El régimen sancionador.
• El deber de confidencialidad por parte de los funcionarios que tengan acceso a la información del Registro.

A pesar de que tenemos ahora un Reglamento, sigue aún pendiente que el BCCR cuente con la funcionalidad tecnológica que permita recibir y manejar adecuadamente información tan sensible de las organizaciones. 

Será el BCCR y el Instituto de Control de Drogas quienes definan el formato en que se debe utilizar para suministrar la información.

Asimismo, para el caso del suministro de información relevante para la Administración Tributaria y el Instituto de Control de Drogas (artículos 5, 6 y 7 de la Ley), sigue pendiente una “resolución conjunta” que regule y establezca los requerimientos y el procedimiento mediante el cual se debe presentar la información requerida en la Ley, así como definir la fecha para el suministro de la información.

Contáctenos para obtener asesoría en relación con las obligaciones aplicables a su caso concreto.