Una de las novedades de la Ley 9/2017 de contratos del sector público (“LCSP”), que entrará en vigor el próximo 9 de marzo, es la imposibilidad de que los contratistas puedan encadenar contratos menores por valor total superior al umbral máximo establecido para éstos.

En concreto, el artículo 118.3 LCSP establece que no se podrá suscribir con un mismo contratista un contrato menor cuando éste haya resultado adjudicatario de anteriores contratos menores que, individual o conjuntamente, superen los 40.000 euros para los contratos de obras y 15.000 euros para los de servicios y suministros.

Este novedoso precepto persigue fomentar la planificación en la contratación, y evitar que un contrato público se pueda fraccionar de forma irregular en varios contratos menores y que se adjudiquen de forma directa (sin licitación previa) a un mismo contratista, esquivando así la libre concurrencia.

El precepto ha sido criticado por su poca claridad en cuanto a su alcance objetivo, subjetivo y temporal. En este contexto, y sobre esta cuestión, se ha pronunciado recientemente la Junta de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón en su Informe 3/2018, de 13 de febrero, en el que concluye lo siguiente sobre el alcance de la incompatibilidad prevista en el artículo 118.3 LCSP:

• Ámbito objetivo: la regla de incompatibilidad debe operar respecto de anteriores contratos menores de la misma tipología que aquél que pretenda adjudicarse de manera sucesiva (obras, servicios o suministros).
• Ámbito subjetivo: la regla de incompatibilidad resulta de aplicación sobre cada órgano de contratación. Por tanto, la adjudicación de contratos menores por parte de un órgano de contratación no impedirá que otros órganos de contratación de la misma entidad contratante adjudiquen contratos menores del mismo tipo al mismo operador económico.
• Ámbito temporal: la incompatibilidad para la adjudicación de nuevos contratos menores se aplicará sobre la base del ejercicio de la anualidad presupuestaria (con cargo al cual se imputen los créditos que financiaron la ejecución de los contratos menores anteriores).

Cabe recordar que estamos ante el criterio interpretativo de una junta consultiva. Marca el rumbo, pero habrá que esperar para ver si se consolida con futuros pronunciamientos de otras juntas consultivas y de los tribunales de justicia.