El pasado 22 de diciembre entró en vigencia el Reglamento para los Contratos de Colaboración Público Privada (39965-H-MP), mediante el cual se habilita la posibilidad de recurrir a nuevos mecanismos en materia de contratación administrativa, y se proyecta como una herramienta para que el Estado y el sector privado puedan trabajar de la mano en el desarrollo de infraestructura y otros.

Este Decreto reglamenta el artículo 55 de la Ley de Contratación Administrativa, el cual autoriza la creación de otros tipos de contratos no regulados en la Ley, en la medida que contribuyan a satisfacer el interés general. El Reglamento representa un cambio de paradigma porque permite una sana y eficiente alineación de intereses entre el sector público y el sector privado, bajo un esquema de compra de resultados.

Con esta regulación el Gobierno pretende incentivar una mayor iniciativa privada para colaborar con el sector público en temas de obra pública, equipos, sistemas, productos y bienes complejos, aprovechando la unión entre la capacidad financiera del Estado y la capacidad técnica de las empresas privadas.

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