Han pasado 2 años desde la publicación en Gaceta Oficial de la Ley 23 de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y dicta otras disposiciones, la cual reformuló la estrategia nacional para contrarrestar el flagelo de la delincuencia organizada, imponiendo a nuevos sectores comerciales obligaciones de prevención.

Todos los cambios introducidos no sólo han obligado al Gobierno Nacional a modificar fuertemente sus estructuras, crear nuevos organismos y disponer amplios recursos al tema, sino que también han revolucionado al sector privado que, en muchos casos, aún se mantiene es desconocimiento del nuevo rol que le ha impuesto la ley. Al hacer el análisis, todavía a algunas personas les surgen dudas cómo:

¿Por qué le han impuesto al sector privado el rol de policía en la prevención del delito? ¿No le corresponde ese rol exclusivamente al Estado?

El crimen se ha perfeccionado y el Estado es incapaz de detenerlo por sí solo, basados en el tradicional enfoque de la represión, sancionando cuando el delito ya está materializado. El trabajo en solitario por parte del Estado es insuficiente, la prevención por medio de trabajo en conjunto con el sector privado es la herramienta más eficiente para atacar métodos sofisticados de delincuencia.

Por ejemplo, mucho nos quejamos como sociedad civil del aumento de la corrupción y el enriquecimiento ilícito, sin embargo, a juzgar por cómo los políticos que consideramos corruptos viven y se manejan, queda en evidencia que éstos lograron exitosamente utilizar los recursos obtenidos ilícitamente para colocarlos e integrarlos en el sector privado:

• Comprando propiedades en rangos fuera de su nivel de vida regular.
• Comprando autos de lujo para beneficio propio o de familiares.
• Comprando joyas preciosas.
• Transfiriendo recursos libremente al exterior.

Pudo en muchos casos haber pasado, que los que compraban los bienes eran del sector privado, pero para beneficio de funcionarios públicos en pago de favores. Todo esto pasando ante la mirada de los que queremos detener la delincuencia.

Desde el sector privado podemos frenar el uso de dineros procedentes de actividades ilícitas, si estamos dispuestos a ser estrictos en nuestro rol ciudadano de imponer lo ético y legal por encima de los negocios e intereses personales o empresariales. Hay un costo, pero vale la pena asumirlo.

¿Cuáles son las implicaciones de no ejecutar adecuadamente el rol?

• Sanciones económicas por parte de los órganos de supervisión que recaen en el sujeto obligado.
• Noticias negativas, daño reputacional.
• Responsabilidad civil y penal para las personas naturales que incumplan con la ley.

En lo que respecta a blanqueo de capitales, de acuerdo con lo que establece el Código Penal de Panamá, la persona que aun sin haber participado del delito, recibe dinero o ayuda a asegurar su provecho, a sabiendas o previendo razonablemente [teniendo señales aún sin profunda certeza] que la procedencia era o podía ser ilícita, será sancionado con pena de prisión.

¿Cuáles son los mayores retos del sector privado en este aspecto?

• Crear una cultura de ética empresarial, que se imponga la prevención ante cualquier meta de negocios. Constante capacitación; buena capacitación a todo el personal en este nuevo rol.
• Disponer de los recursos para adoptar controles efectivos de prevención, en muchos casos sacrificando ganancias.
• Manejar el riesgo reputacional que va asociado a estos temas. Vía redes sociales la información corre tan rápido que si la empresa no puede demostrar de forma certera y rápida que ejecuta en debida forma su rol preventivo, la pérdida puede ser mayor. 
• Plantearse ir más allá de la ley actual, incorporando buenas prácticas internacionales.

¿Cumplir con la regulación actual sería suficiente?

No. Siempre hay que apostar por ir más allá y evaluar el cumplimiento o efectividad de lo que hay. Las regulaciones las cumplen personas, no son perfectas por si solas. Decir que se tiene un Manual de Prevención no implica necesariamente que la empresa es efectiva en la prevención del blanqueo de capitales.

Panamá emitió la ley 23 en abril de 2015 basado en todas las recomendaciones que recibió de GAFI y otros organismos internacionales, no obstante, las recomendaciones y buenas prácticas están constantemente cambiando para adaptarse a nuevas experiencias y/o lecciones aprendidas por casos acontecidos alrededor del mundo. Nos basamos en las 40 recomendaciones del GAFI y ya éstas fueron revisadas en junio de 2016.

Este artículo se publicó en Capital Financiero en la sección Bursátil, edición N°857 | 2 al 8 de octubre de 2017.