El día 23 de noviembre de 2018, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró no haber encontrado roces o vicios de inconstitucionalidad en el proyecto de ley n° 20.850 (“Fortalecimiento de las finanzas públicas”), conocido popularmente como la “Reforma Fiscal”.

En dicha decisión, la corte constitucional costarricense resolvió tres consultas de constitucionalidad planteadas por la Asamblea Legislativa. En relación con la primera consulta (expediente n° 18-016546-0007-CO), se estimó que no existen vicios de fondo en el proyecto de ley. Lo anterior, con base en los aspectos planteados por el Parlamento en su consulta:

1. El gasto en la primera infancia y el INA (Instituto Nacional de Aprendizaje) como parte del PIB nacional.
2. Recursos destinados a la educación superior.
3. Eliminación de destinos específicos del PANI (Patronato Nacional de la Infancia), FODESAF (Fondo de Asignaciones Familiares), IMAS (Instito Mixto de Ayuda Social), entre otros.
4. Fondos y reservas de la CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social).
5. Aplicación de la reserva de ley en la creación de incentivos, compensaciones o pluses salariales.
6. Obligatoriedad para los jerarcas de instituciones públicas de denunciar convenciones colectivas cuando estas lleguen a su término.
7. Amnistías de tributos administrados por entes descentralizados.

En cuanto a la segunda consulta planteada (expediente n° 18-016883-0007-CO), de forma unánime, se estimaron inevacuables los puntos a) y b), al no cumplir con la obligación de plantear, de forma específica, una objeción o duda de constitucionalidad. Los puntos c) y d) fueron evacuados, estimando la Sala Constitucional que son improcedentes, dado que el proyecto no afecta la organización y/o funcionamiento del Poder Judicial. Como consecuencia de lo anterior, se declaró que el proyecto de ley en cuestión no requiere para su aprobación una mayoría calificada. Finalmente, la tercera consulta (expediente n° 18-016904-0007-CO), fue declarada inevacuable por vicios de forma.

Esta decisión de la corte constitucional implicó, desde el punto de vista jurídico, la continuación del conocimiento del proyecto de ley n° 20.850 en el seno de la Asamblea Legislativa, el cual fue aprobado en segundo debate, con 34 votos a favor y 17 votos en contra. De igual forma, el día de ayer, el Presidente de la República firmó el texto legislativo, por lo que únicamente resta su publicación en el Diario Oficial La Gaceta para su entrada efectiva en vigor.