Mediante la Ley para Mejorar la lucha contra el Fraude Fiscal (Ley No. 9416 del 20 de diciembre de 2016), se creó la obligación para personas jurídicas y otras estructuras jurídicas domiciliadas en el país de proporcionar en forma anual al Banco Central de Costa Rica (BCCR), el registro de accionistas y beneficiarios finales que tuviesen participación sustancial (en el rango de 15% a 25%), así como reportar los cambios realizados que pudiesen superar tales porcentajes.

A pesar de que el Reglamento a dicha ley ya se encuentra vigente, detalles importantes como el formato, características, requisitos técnicos y de seguridad, así como el procedimiento aplicable en aquellos casos en los cuales el representante legal no resida en Costa Rica, aún no han sido definidos.

Se pretende aclarar estos y otros asuntos relevantes, y establecer la fecha a partir de la cual se debe cumplir con las obligaciones dispuestas por la Ley mediante una resolución conjunta de la Administración Tributaria y el Instituto de Control de Drogas.

Un borrador de dicha resolución que fue circulado por la Administración Tributaria establece que el proceso se llevará a cabo gradualmente, de acuerdo con el último dígito de la cédula de persona jurídica asignado a las entidades obligadas, iniciando el primero de marzo de 2019 con las entidades con cédulas terminadas en 0. No obstante, aún no hay certeza de la fecha en la que la resolución será emitida.

Dentons Muñoz permanece a la vanguardia del desarrollo regulatorio en este campo y de su implementación por parte de las autoridades competentes. Para obtener asesoría en el cumplimiento de las obligaciones aplicables a su caso específico, por favor no dude en contactarnos a su conveniencia.