Según les informamos en comunicaciones previas, mediante la Ley para Mejorar la lucha contra el Fraude Fiscal (Ley No. 9416 del 20 de diciembre de 2016), se creó la obligación para personas jurídicas y otras estructuras jurídicas domiciliadas en el país de proporcionar en forma anual al Banco Central de Costa Rica (BCCR),  la lista de Accionistas y Beneficiarios Finales que cuentan con una participación del 15% o superior, así como reportar los cambios realizados que pudiesen superar tales porcentajes, proceso que originalmente iniciaría el primero de marzo con las entidades cuyas cédulas de persona jurídica terminan en 0.

Debido al retraso en la emisión de la resolución que aclararía detalles sobre el alcance de la obligación y aspectos relacionados con la funcionalidad tecnológica que se pondrá en marcha para cumplir con el registro, el Ministerio de Hacienda anunció el día de hoy que el inicio del proceso se pospondrá hasta el 1 de setiembre de 2019.

Les recordamos que esta obligación aplica a las personas jurídicas, fideicomisos privados y extranjeros con actividades en Costa Rica, administradores de recursos de terceros a favor de sus clientes, y organizaciones sin fines de lucro.

Según cálculos de la Administración Tributaria, al día de hoy existen aproximadamente 310,000 personas jurídicas que deben registrar la información relevante en el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales.

De requerir asistencia adicional en este y otros asuntos de su interés, puede contactar a nuestras áreas de práctica de Derecho Corporativo y Derecho Tributario a su conveniencia.