Novedades

Costa Rica declaró estado Emergencia Nacional a través del decreto 42227-MP-S, esto le permite al Poder Ejecutivo implementar las medidas económicas, de seguridad, salud, etc., necesarias para enfrentar la pandemia, e incluye la reasignación del presupuesto.

Ayudas económicas y medidas para alivianar las cargas fiscales están en discusión en este momento en la Asamblea.

Impacto legal

• Restricciones de viaje: los viajeros nacionales y residentes que lleguen al país a partir del 18 de marzo deben permanecer en cuarentena obligatoria de 14 días. Las entradas de viajeros extranjeros al país están prohibidas hasta el 12 de abril de 2020.
• Litigio: los tribunales suspenderán las audiencias orales hasta el 3 de abril, excepto las relacionadas con violencia doméstica, pensiones y medidas cautelares o juicios penales en curso que no pueden suspenderse.
• Procedimientos de inmigración: se han pospuesto los plazos, se suspenden las citas hasta el 1 de junio y se suspenden todos los procedimientos in situ hasta el 17 de mayo.
• Inmobiliario y hotelería: los viajeros extranjeros no pueden ingresar al país, lo que afecta la ocupación de los establecimientos destinados al turismo.
• Competencia y protección del consumidor: las instituciones de la Administración Pública Centralizada deberán ejecutar todas aquellas acciones legales y administrativas pertinentes para evitar situaciones de desabasto, acaparamiento, condicionamientos en la venta o la especulación de bienes y servicios.  Se espera fijación de precios sobre productos de higiene y sanitarios.
• Autoridades de salud: la Policía ahora está autorizada para apoyar al Ministerio de Salud en el cierre de establecimientos, en caso de infracción a las regulaciones sanitarias del Ministerio de Salud.
• Contratos con el Estado: algunos contratistas del Estado pueden verse impactados por la suspensión de sus contratos por hasta seis meses, prorrogables por otro período igual, conforme lo autoriza la Ley de Contratación Pública y su Reglamento, debido a causas imprevistas o imprevisibles. La suspensión debe acordarse por escrito, mediante una resolución razonada, dictada por la Jerarca o el titular subordinado competente, con una indicación precisa, entre otras cosas, de lo ejecutado hasta ese momento, su estado y quién es responsable de manteniendo la ejecución, las medidas que se adoptarán para garantizar el equilibrio financiero y la fecha de posible reinicio de la ejecución.