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Desde el principio de la Pandemia por COVID19, los Gobiernos, organizaciones y otras instituciones estuvieron interesadas en estudiar la forma de promover y gestionar la innovación, entre otras estrategias, a través del sistema de propiedad intelectual, y su posible contribución a la lucha contra la crisis de salud producida en el mundo.
Varias iniciativas han analizado la posibilidad de compartir voluntariamente los derechos de patente, en armonía con el espíritu de colaboración que requiere cualquier esfuerzo mundial destinado a combatir la pandemia de COVID -19, considerando que la vacunación masiva es la única forma segura de lograr la inmunidad colectiva, mediante la cual suficientes personas puedan desarrollar una protección contra la transmisión y la infección.
Una de las iniciativas contempladas sugiere aplicar lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC que autoriza las licencias obligatorias y el uso por los Gobiernos, de una patente sin autorización de su titular si se cumplen determinadas condiciones establecidas, con el fin de proteger los intereses legítimos del titular. Todos los Miembros de la OMC pueden otorgar esas licencias y dictar órdenes de utilización gubernamental de tecnologías sanitarias, como medicamentos, vacunas y medios de diagnóstico, así como cualquier otro producto o tecnología necesarios para luchar contra la COVID-19. Un país Miembro ha expedido una licencia para la utilización gubernamental de un tratamiento potencial. En otros países Miembros, el parlamento ha pedido al Gobierno que utilice licencias obligatorias para asegurar el acceso a los medicamentos, las vacunas o los medios de diagnóstico para la COVID-19.1
Respecto a los derechos de patentes generados con las investigaciones para el desarrollo de las vacunas, se presentó una iniciativa por parte de India y Sudáfrica, quienes lideran una petición ante la Organización Mundial del Comercio, para que se suspenda temporalmente los derechos de patentes sobre tecnologías, medicamentos y vacunas contra el nuevo coronavirus mientras dure la pandemia. Al menos 99 países apoyan esta propuesta entre ellos, el Ecuador.
Esta iniciativa, lanzada por primera vez en octubre de 2020 ha encontrado oposición durante meses en países que tienen en su sede a las grandes farmacéuticas. Entre ellos se encuentran Estados Unidos, Australia, Noruega, Suiza, Brasil, Canadá, Japón y Reino Unido. En virtud de que las propuestas necesitan el respaldo de un consenso de los 164 miembros de la OMC para ser aprobadas, dicha iniciativa no se hará efectiva.
La aprobación de la exención, permitiría el desarrollo de vacunas, tratamientos, pruebas de diagnóstico y medicamentos contra la COVID-19 en otros países, a gran escala y precios inferiores, para ser distribuidos en países en vías de desarrollo. Cabe señalar que India es un importante fabricante de medicamentos genéricos, vacunas y formulaciones químicas.
En la última reunión de los miembros de la OMC realizada el 10 de marzo de 2021, la propuesta de India y Sudáfrica obtuvo el apoyo de más de 80 países en desarrollo, sin embargo, los miembros de los países desarrollados bloquearon el movimiento. Estas naciones argumentan que la protección de los derechos de propiedad intelectual fomentó la investigación y la innovación y que la suspensión de esos derechos, no resultaría en un aumento repentino del suministro de vacunas, cuando todos sabemos el desabastecimiento que sufrimos.2
Thomas Cueni, que lidera la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas, dijo al The New York Times que “suspender las patentes pondrá en peligro la futura innovación médica, haciéndonos más vulnerables a otras enfermedades”.
La OMS acordó con varios países volver a discutir el asunto dos veces en abril antes de la próxima reunión programada del Consejo de los ADPIC del 8 al 9 de junio. Varias ONGs por su parte han iniciado una campaña para recordar que: “hasta que la última persona del mundo esté vacunada, ninguna estaremos a salvo”.
Es importante señalar que la Farmacéutica Moderna anunció que durante la pandemia no hará uso de sus derechos de patente relacionados con su vacuna contra el coronavirus, y que además permitirá el acceso abierto a sus patentes durante este período, otorgando de manera posterior una Licencia abierta una vez que la Pandemia haya terminado.
Otra de las iniciativas generadas ante la Pandemia surgió por parte del presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada y el director de la OMS. La propuesta pretende crear urgentemente un grupo de patentes de titulares voluntarios, e incluiría además, todos los tratamientos, diagnósticos y, lo que es más importante, vacunas que podrían ser utilizadas por todos los países en este grave momento de emergencia mundial.
La propuesta de Costa Rica se basa en un modelo de autoayuda y autodesarrollo, creada como una plataforma de intercambio voluntario para agrupar todos los datos, conocimientos, material biológico y propiedad intelectual, y luego licenciar la producción y la transferencia de tecnología a otros productores potenciales. Esto se haría bajo licencias no exclusivas, maximizando el suministro y reduciendo los costos, aumentando así la disponibilidad y asequibilidad de diagnósticos, tratamientos y vacunas de COVID-19. Para conseguir este objetivo, las instituciones pueden otorgar licencias de productos a través de Medicines Patent Pool (MPP), un organismo respaldado por la ONU para compartir licencias y patentes. De 2010 a 2019, las licencias MPP produjeron 9,59 mil millones de dosis de medicamentos genéricos para tratar el VIH / SIDA, la hepatitis C y la tuberculosis, lo que ahorra a la comunidad internacional US $1.230 millones.3
Es importante señalar que a pesar de que todas estas propuestas resultan prometedoras para países con un cierto grado de desarrollo en el área biotecnológica, de aprobarse estas iniciativas no tendrían los efectos esperados en países como Ecuador, que no disponen de los suficientes recursos tecnológicos e infraestructura para el desarrollo de vacunas. Esto en tanto el proceso de fabricación requiere varias etapas rigurosamente controladas, puesto que las vacuna son productos biológicos y se obtienen a partir de organismos vivos que tienen que cumplir los máximos estándares de calidad y seguridad con atmósfera controlada con estrictas condiciones de asepsia. En consecuencia los requisitos regulatorios a nivel mundial implican controles permanentes que se realizan durante toda la cadena de producción, para garantizar la calidad de las materias primas, equipos, procedimientos, productos finales, resultan aún lejanos para la realidad de países en desarrollo como el nuestro, más aún cuando se trata de tecnologías tan actuales como el desarrollo de las nuevas vacunas para la COVID19.
Es así que actualmente nuestro país únicamente podría beneficiarse del desarrollo de vacunas en países como India, o, de la propuesta ofrecida por Covax4 que tiene este año la meta de distribuir en 2021 al menos 2.000 millones de dosis, 1.300 millones de ellas en países pobres de las cuales Ecuador recibirá 756.000. La mayoría de las vacunas que se están comenzando a enviar son de AstraZeneca (fabricadas para COVAX por su socio el Serum Institute de India). De la misma manera, se distribuirán hasta mayo 1,2 millones de dosis de la vacuna desarrollada conjuntamente por Pfizer/BioNTech.
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