Resumen:

El Tribunal Constitucional declaró que es inconstitucional cobrar intereses moratorios una vez transcurrido el plazo legal para que el Tribunal Fiscal resuelva las controversias de los contribuyentes.

Desarrollo:

Mediante Sentencia del Pleno 998-2020, el Tribunal Constitucional (TC) declaró que es inconstitucional cobrar los intereses moratorios a los contribuyentes por demora del Tribunal Fiscal.

En ese sentido, los principales argumentos esgrimidos por el TC son los siguientes:

1. El plazo razonable para resolver es un elemento del derecho al debido proceso; por lo cual, el plazo de prescripción no se suspende y los intereses moratorios dejan de acumularse, cuando quien debe resolver excede los plazos por causas propias. La excesiva carga procesal de la administración tributaria como un factor que ocasionaría la demora en resolver, no puede ser invocada sin más como motivo justificante del retardo en la absolución de un recurso administrativo.

2. Resulta inconstitucional el cobro injustificado del tramo en el que la autoridad administrativa excedió el plazo legal por causas atribuibles a ella.

3. El fundamento del TC encuentra sustento en que el tiempo excesivo para resolver un caso perjudica al contribuyente, poniéndolo en una situación de incertidumbre prolongada. En consecuencia, se observar la vulneración del Principio de Razonabilidad y del derecho al plazo razonable.

4. Cabe precisar que, el criterio desarrollado por el TC no resulta aplicable a aquellos procedimientos contencioso-tributarios que se encuentren concluidos, esto es, a aquellos en los que los mecanismos de cobro de la deuda tributaria se hayan agotado en sede administrativa sin que hubiese existido de por medio recurso administrativo alguno que fuera ejercido por el contribuyente en contra de estos actos de cobranza; o que habiendo existido algún recurso, este haya sido denegado sin que posteriormente el contribuyente haya judicializado su cuestionamiento. Asimismo, tampoco resulta aplicable a aquellos procesos judiciales (contencioso administrativos o procesos constitucionales) que, con anterioridad a la publicación de dicha sentencia, cuenten con resolución judicial firme respecto al cálculo de intereses moratorios.