Con fecha 1° de junio del presente año, se ha publicado en el Diario Oficial la Ley N° 21.342, denominada “Ley de Retorno Seguro al Trabajo”.

Los principales aspectos de esta ley son los siguientes.

• Esta ley tendrá aplicación durante el tiempo en que esté vigente la alerta sanitaria decretada con ocasión del brote del Nuevo Coronavirus COVID-19. Respecto de esto, es importante no confundir el Estado de Excepción Constitucional con la alerta sanitaria, el ser conceptos distintos. Así, la alerta sanitaria es establecida mediante un decreto supremo, estando actualmente vigente hasta el 30 de junio de 2021, conforme el Decreto N° 6 del año 2020 del Ministerio de Salud.

Si bien no podemos confirmarlo en forma oficial, es altamente probable que el Gobierno extienda la alerta sanitaria más allá del 30 de junio de 2021.

• La ley establece la obligación de teletrabajo permanente, sin reducción de remuneraciones, para las personas que presenten riesgo de infección grave por Covid-19. La ley no proporciona una definición de quienes tendrían riesgo de infección grave, sino que únicamente proporciona ejemplos de ello: (i) persona mayor de 60 años; (ii) hipertensión; (iii) enfermedades cardiovasculares; (iv) diabetes; (v) enfermedad pulmonar crónica u otras afecciones pulmonares graves; (vi) enfermedad renal que requiera diálisis, o similar; (vii) trabajador trasplantado que continúe con medicados de inmunosupresión; (viii) trabajador con cáncer actualmente bajo tratamiento; (ix) trabajador con sistema inmunitario disminuido como resultado de afecciones o medicamentos como inmunosupresores o corticoides; (x) trabajadores que tengan a su cuidado un menor de edad, o adulto mayor; (xi) trabajador con discapacidad; o (xii) trabajador beneficiario de la ley de crianza protegida.

En caso que las funciones del trabajador no puedan realizarse mediante teletrabajo, se le deberá destinar a labores que no impliquen atención a público o con terceros que no desempeñen funciones permanentes en ese lugar de trabajo, siempre que ello no importe un menoscabo para el trabajador, y que no se le reduzca su remuneración.

• La elección de los delegados de los trabajadores para los Comités Paritarios deberá hacerse por medios electrónicos o telemáticos, pudiendo escoger trabajadores que se encuentran suspendidos de realizar servicios presenciales.

• Todas las empresas deberán implementar un “Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral Covid-19”, el cual deberá contar, al menos, con los requisitos mínimos contemplados en el artículo 4 de la ley. Son los organismos administradores del seguro de accidentes del trabajo (i.e. Mutual de Seguridad, IST, etc.) los encargados de elaborar un protocolo tipo, para que sus empresas afiliadas lo implementen, teniendo 10 días para establecer este protocolo tipo. Idéntico plazo tendrán las empresas para implementar dicho protocolo.

Las empresas que no cuenten con un Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19 no podrán retomar o continuar la actividad laboral de carácter presencial.

• Las empresas estarán obligadas a contratar un seguro individual de carácter obligatorio en favor de los trabajadores que estén desarrollando labores de manera presencial, sea total o parcial. Dado que la póliza de seguros fue incorporada a la CMF el pasado 4 de junio, las empresas tienen hasta el 4 de julio para contratar este seguro.

El propósito de este seguro es financiar o reembolsar los gastos de hospitalización y rehabilitación de cargo del trabajador, asociados a la enfermedad COVID–19, así como también el proporcionar una indemnización en caso de fallecimiento por o con Covid-19. No obstante lo anterior, el seguro no cubre: (i) gastos de hospitalización o el fallecimiento asociados a enfermedades distintas al COVID-19; y (ii) gastos de hospitalización o fallecimiento asociados o derivados de lesiones sufridas en un accidente, de cualquier naturaleza o tipo, incluso si la víctima tiene COVID-19.

La cobertura del seguro se mantendrá en el evento que la relación laboral concluya por cualquier causa y hasta un año desde su respectiva contratación. Si al término del plazo de vigencia de la póliza aún permanece vigente la alerta sanitaria decretada con ocasión del brote del Nuevo Coronavirus COVID-19, el empleador deberá contratar un nuevo seguro o renovar el que se encuentre vigente. Sin perjuicio de ello, los empleadores no estarán obligados a contratar un nuevo seguro respecto de aquellos trabajadores que tengan vigente la cobertura del seguro de acuerdo a esta ley.

• Toda persona que, en el ejercicio de su cargo, tenga acceso a información de contagio de Covid-19, deberá guardar reserva y confidencialidad respecto de la misma, y abstenerse de usarla con una finalidad distinta de la que corresponda a sus funciones. A mayor abundamiento, la ley establece que la información de contagio de Covid-19 debe ser considerada como un dato personal, y, por lo tanto, susceptible de protección de Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada.

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