El Código Civil boliviano, en su Título II, establece disposiciones generales para los contratos y, de manera específica, disposiciones para aquellos relacionados a la venta. En ese sentido, dispone que la venta con reserva de propiedad consiste en la venta a cuotas, es decir, es un contrato por el cual el vendedor se reserva el derecho propietario hasta que el comprador pague la última cuota, momento en el cual adquiere la propiedad del bien; sin embargo, asume los riesgos a partir de la entrega del bien.

Por su parte, el recientemente promulgado Decreto Supremo regula y establece que, de forma previa a la suscripción de esta modalidad de contratos, se deberá contar de forma obligatoria con una certificación de que el contrato no contiene cláusulas abusivas que será emitida por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Viceministerio de Defensa de los Derechos de Usuario y de Consumidor

A fin de obtener dicha certificación, los contratos relacionados con la venta futura, necesariamente deberán contener la información y los documentos que señalamos a continuación:

• Identificación del propietario del bien inmueble;
• Identificación del promotor, intermediario, constructor u otro a cargo de la venta, cuando corresponda;
• Identificación de los documentos que acrediten la propiedad del bien inmueble en el cual se ejecutará el proyecto objeto del contrato y/o documentos con facultades de disposición del bien inmueble;
• Acreditación del derecho propietario del bien inmueble, folio real y escritura pública de propiedad y otros, en el cual se ejecutará el proyecto, objeto del contrato;
• Documento con facultades de disposición del bien inmueble y cesión de derechos, sin limitación;
• Cláusula que permita al comprador transferir el inmueble o realizar cualquier tipo de cesión de derechos o accesorios;
• Cláusula de obligación de entrega inmediata del título de propiedad al comprador, una vez pagado el precio de venta acordado. Esta obligación debe establecerse de forma expresa, así como las sanciones por su incumplimiento;
• Disposición expresa de no modificación unilateral del precio de venta acordado entre partes;
• Cláusulas que no sean desproporcionales para la usuaria y usuario, consumidora o consumidor;
• Fecha de inicio de la obra, cuando corresponda;
• Fecha de entrega del bien inmueble objeto del contrato;
• Todos los pagos que la usuaria o usuario, consumidora o consumidor debe realizar como parte del precio de venta acordado, así como pagos por otros conceptos;
• La superficie del bien inmueble y sus características técnicas;
• Toda obligación existente sobre el bien inmueble, incluyendo tributos;
• Planos autorizados y permisos de construcción otorgados por el Gobierno Autónomo Municipal, para proyectos inmobiliarios;
• Documento de administración de territorio aprobado por el Gobierno Autónomo Municipal, para lotes;
• Cláusula que establezca el porcentaje de áreas comunes;
• Otros requisitos que puedan ser solicitados.

Hacemos notar también, que la Disposición Final Única del Decreto Supremo dispone que los contratos vigentes suscritos con anterioridad al 01 de junio de 2022 que se encuentren alcanzados por estas regulaciones, podrán ser presentados ante el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, con el objeto de verificar la existencia de cláusulas abusivas.

Finalmente, el procedimiento intrínseco a la obtención de la certificación, en términos de costos, procedimiento, y plazos, será determinado por medio de la reglamentación correspondiente, que deberá ser aprobada por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en el plazo de 20 días hábiles a partir de la publicación del Decreto Supremo.