El 9 de junio de 2025, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) emitió un Memorando de Orientación en Materia de Aplicación que formaliza la reactivación de la aplicación activa de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Este cambio se produce tras un período relativamente inactivo entre 2021 y 2024, en el cual el DOJ inició menos de 10 acciones corporativas anuales. En contraste, los periodos de mayor actividad, como entre 2016 y 2019, registraron más de 20 casos por año. La nueva guía refleja una estrategia integral que combina el interés nacional, la eficiencia procesal y un renovado enfoque frente al soborno transnacional.
Uno de los ejes de la estrategia 2025 es el nuevo enfoque del DOJ hacia la responsabilidad individual. Bajo esta perspectiva, el Departamento intensificará las acciones contra personas naturales, especialmente cuando la conducta corrupta no pueda ser atribuida directamente a la alta dirección. La "doctrina del conocimiento colectivo", que permitía imputar responsabilidad a la empresa sumando el conocimiento de sus empleados, perderá fuerza. En cambio, se enfatizará la prueba de ceguera deliberada o inacción intencional por parte de los ejecutivos. Casos emblemáticos como Airbus (2020), donde la responsabilidad se apoyó en el conocimiento de la alta gerencia, ahora requerirán vínculos más directos.
Paralelamente, el DOJ está reorganizando su estructura interna. Aunque la Unidad FCPA del DOJ cuenta con menos de 20 abogados (frente a aproximadamente 35 en 2020), se ha ampliado la competencia a las 94 Fiscalías Federales de EE.UU., que ahora están autorizadas para iniciar y procesar casos FCPA, siempre que cuenten con autorización previa del Asistente del Fiscal General (AAG). Esta descentralización busca agilizar los tiempos de investigación, reduciendo los actuales 4 a 6 años a un rango de 2 a 3 años.
El Memorando introduce un "Test de Interés Nacional" que ordena priorizar casos que afecten directamente a intereses estratégicos o económicos de los EE.UU. Esto incluye actos de soborno cometidos por competidores extranjeros que pongan en desventaja a empresas estadounidenses. Según datos del DOJ, aproximadamente el 75% de las acciones FCPA desde 2015 han involucrado a entidades extranjeras, lo cual refleja la preocupación por el nacionalismo económico y la equidad global.
El DOJ también está fortaleciendo el control sobre esquemas de soborno vinculados a cárteles y organizaciones criminales transnacionales. Las alertas incluyen el uso de empresas fantasma para lavado de activos, pagos a empleados de empresas estatales (SOEs) y la infiltración de redes delictivas en cadenas de suministro. El Memorando identifica como jurisdicciones prioritarias a México, Colombia y Centroamérica. Por tanto, se insta a las empresas a fortalecer sus mecanismos de debida diligencia sobre terceros, canales de distribución y redes logísticas.
Cada nuevo caso FCPA deberá recibir aprobación del Jefe de la División Criminal. Aunque las Fiscalías Federales pueden actuar de manera autónoma, deben alinearse con los estándares federales y coordinar con la sede del DOJ. Asimismo, se exige a los fiscales evaluar desde el inicio las consecuencias colaterales, como la interrupción de operaciones legales, daño a empleados e impacto en los intereses nacionales.
La guía establece los patrones de conducta que activarán la actuación del DOJ: pagos significativos de sobornos, métodos de ocultamiento sofisticados y violaciones reiteradas. Por el contrario, el DOJ podría abstenerse de perseguir casos menores. Además, se impulsa el uso de mecanismos internos de denuncia, reforzados por el Programa Piloto de Informantes lanzado en marzo de 2024.
Se incentiva a las empresas a reportar voluntariamente, cooperar con las investigaciones y remediar oportunamente. Estas acciones podrían derivar en decisiones de no procesamiento o sanciones reducidas. Por ejemplo, en 2023, SAP SE obtuvo una reducción significativa de su multa (USD 220 millones) tras cooperar plenamente con las autoridades de EE.UU. y Sudáfrica.
El relanzamiento de la aplicación de la FCPA en 2025 representa una transformación estratégica en la gobernanza global anticorrupción. Al enfocar la responsabilidad en individuos, descentralizar la capacidad procesal y alinear la aplicación con intereses de seguridad nacional y económicos, el DOJ redefine el panorama del cumplimiento corporativo. Para las empresas multinacionales, esto implica una obligación reforzada de fortalecer controles internos, supervisar adecuadamente a terceros y adoptar prácticas comerciales transparentes en jurisdicciones de alto riesgo.
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