En los últimos años, las Asociaciones Público-Privadas (APP), definidas por el BID como “un acuerdo a largo plazo entre una parte privada y una entidad pública para proveer un activo o servicio público, en el cual la parte privada asume un riesgo y una responsabilidad de gestión significativos, y la remuneración está vinculada al desempeño”¹, han incrementado su importancia en toda la región. Se han convertido en un medio eficaz para atender necesidades esenciales de infraestructura y servicios públicos, al mismo tiempo que se aprovecha el capital y el conocimiento técnico del sector privado.

Países como Perú, Colombia y Chile han implementado exitosamente esquemas de APP, transformando sus servicios públicos y atrayendo importantes inversiones internacionales.

Bolivia, sin embargo, sigue rezagada en la carrera por atraer este tipo de financiamiento, pese a que necesita de manera innegable inversiones sustanciales en áreas que van desde el transporte y la salud, hasta la energía y la tecnología. Lamentablemente, los marcos políticos, institucionales y legales para las APP siguen siendo rudimentarios en comparación con los de otros países.

Así, esta práctica incipiente —y los beneficios que podría generar— representa tanto una gran oportunidad como un desafío para la nueva administración que asumirá en noviembre.

El panorama legal de las APP en Bolivia

En la década de 1990, al igual que otros países de América Latina, Bolivia llevó a cabo una serie de privatizaciones que impulsaron el desarrollo de infraestructura y servicios públicos, financiados por inversiones privadas (muchas veces extranjeras).

Sin embargo, con la llegada (y posterior hegemonía política, durante más de dos décadas), del Movimiento al Socialismo (MAS), un partido de orientación fuertemente estatista, la regulación cambió de rumbo por completo, enfocándose en la nacionalización y en la creación de empresas públicas financiadas por el Estado.

Estas empresas fueron subsidiadas en su totalidad con fondos públicos, lo que redujo o eliminó la participación privada y extranjera en el manejo y provisión de servicios.
Este proceso duró más de 20 años y se financió principalmente con los ingresos provenientes de la nacionalización de las empresas de hidrocarburos y electricidad, así como del auge de los precios internacionales de los minerales.

A pesar de esta nueva “prosperidad” basada en recursos públicos, el gobierno reconoció eventualmente los beneficios potenciales de las APP, promulgando el Decreto Supremo 3469, el 24 de enero de 2018. Aunque este decreto contenía solo cuatro artículos que establecían los “requisitos para contratos de asociación público-privada”, marcó el inicio de una apertura hacia este tipo de operaciones.

Sirvió, además, como base para iniciativas locales, como la Ley Municipal de Santa Cruz de la Sierra de 2021, que fue diseñada específicamente para promover las APP en el desarrollo urbano.

Desafíos específicos

Inestabilidad política

El riesgo político de Bolivia sigue siendo elevado, caracterizado por una marcada inestabilidad y una alta rotación institucional, lo que dificulta los proyectos que requieren compromisos a largo plazo (a menudo de entre 20 y 25 años).

Además, la experiencia de nacionalizaciones pasadas y de modificaciones unilaterales de contratos por parte de entidades públicas, continúa afectando la confianza de los inversionistas.

Transparencia

Ante la ausencia de una ley específica sobre APP, los proyectos públicos se licitan bajo las reglas generales de contratación pública, que suelen favorecer al Estado y no brindan suficiente seguridad jurídica a los inversionistas privados o extranjeros.

Estas licitaciones implican plazos prolongados de aprobación, asignaciones de riesgo inconsistentes, un control limitado sobre los términos contractuales y mecanismos de supervisión débiles, lo que genera preocupaciones sobre la transparencia y la distribución de riesgos.

Limitaciones de financiamiento

Debido a restricciones regulatorias y normas de contratación pública, los proyectos en Bolivia tienen una capacidad limitada para obtener financiamientos a largo plazo.

En general, los bancos locales no pueden otorgar el volumen de crédito que las APP requieren, y los financiadores internacionales enfrentan obstáculos como el riesgo soberano del país, la inestabilidad cambiaria y los impuestos sobre la repatriación de utilidades.

Además, la reciente escasez de dólares estadounidenses, junto con las comisiones y restricciones bancarias en las operaciones cambiarias, ha complicado aún más el financiamiento de proyectos.

Las APP regionales ya en práctica

Otros países de la región ya se benefician del uso de las APP en el financiamiento de proyectos públicos. Algunos ejemplos incluyen:

• ProInversión (Perú), que regula las APP y estandariza sus contratos, reduciendo la incertidumbre para los inversionistas.
• Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de Colombia, la cual planifica, estructura, redacta y negocia proyectos de infraestructura de transporte (como carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarriles) bajo esquemas de APP.
• El modelo de concesiones de Chile, que continúa siendo un referente en materia de seguridad jurídica, transparencia y continuidad en los proyectos públicos de la región.

El potencial de la regulación de APP en Bolivia

A partir de las experiencias regionales y pese a los obstáculos actuales, Bolivia debería considerar los beneficios de las APP.

Si se fortalece el marco regulatorio (iniciado por el Decreto Supremo 3469 y las experiencias municipales en Santa Cruz y Cochabamba), la nueva administración podría lograr que una ley nacional sobre APP:

• Movilice capital privado para proyectos de infraestructura que actualmente necesitan financiamientos.
• Mejore la eficiencia y la innovación mediante la gestión basada en el desempeño y la experiencia técnica extranjera.
• Transfiera los riesgos de construcción y operación fuera del sector público.
• Promueva objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), atrayendo inversiones sostenibles.

Próximos pasos

Reconociendo los obstáculos regulatorios actuales, para que las APP se conviertan en un instrumento realista en Bolivia, será necesario considerar los siguientes pasos:

1. Promulgar una ley integral sobre APP, basada en las experiencias de países vecinos como Perú y Colombia, que establezca con claridad la estabilidad contractual y jurídica, mecanismos de resolución de disputas internacionalmente reconocidos y principios de asignación de riesgos.
2. Crear una autoridad especializada en APP, como ProInversión o la ANI, responsable de supervisar y coordinar proyectos entre distintos niveles de gobierno y centralizar los acuerdos firmados por entidades públicas.
3. Promover el financiamiento internacional, incluyendo el proveniente de entidades multilaterales, adaptando sus condiciones de uso y términos a las necesidades nacionales.
4. Fortalecer la transparencia y la supervisión independiente, mediante una autoridad que regule las APP.
5. Adoptar una nueva y completa ley de arbitraje, que fomente el arbitraje internacional, permita arbitrar con el Estado, contemple la reincorporación al CIADI y la implementación de una red de tratados de protección de inversiones.
6. Diseñar incentivos fiscales para proyectos APP, destinados a atraer inversiones privadas extranjeras.

La actual carencia de proyectos en infraestructura, salud y tecnología representa una oportunidad clara para que Bolivia impulse el uso de las APP como herramienta de desarrollo.

Sin embargo, la volatilidad política, la inestabilidad regulatoria y las limitaciones de financiamiento continúan siendo desafíos reales para los inversionistas.

Por lo tanto, si la próxima administración realmente busca promover el desarrollo económico del país, deberá considerar las experiencias regionales con las APP y continuar fortaleciendo la base legal y la transparencia iniciadas en 2018, para hacerlas viables.

Con la estructura jurídica y los incentivos adecuados, las APP podrían desempeñar un papel transformador, alineando las necesidades públicas con el financiamiento y la innovación privada en Bolivia, y sentando las bases para una prosperidad sostenible a largo plazo.

1. Asociaciones Público-Privadas: Implementando Soluciones en Latino América y el Caribe ↩