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Concordato Preventivo Excepcional y Medidas para la Gestión de Obligaciones.-

A continuación, presentamos las disposiciones contempladas en el Capítulo IV “Concordato Preventivo Excepcional y Medidas para la Gestión de Obligaciones”, así como las Disposiciones Generales, Reformatorias, Transitoria y Derogatorias de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19 publicada en el Registro Oficial el 22 de junio de 2020.

Sección I: Acuerdos pre concursales de excepción

Deudores podrán suscribir acuerdos preconcursales con sus acreedores de carácter excepcional mediante los cuales se pueden establecer modificar las obligaciones pendientes y los cuales gozarán del efecto de cosa juzgada conforme dispone el Art. 2369 del Código Civil. Para celebrar un acuerdo preconcursal debe tomarse en cuenta las siguientes consideraciones:

• Debe celebrarse ante un Centro de Mediación registrado
• Dentro de tres años de publicada esta ley, debe realizarse declaración juramentada donde se: i) detallarán todas las obligaciones, ii) identificarán a los acreedores de forma clara y completa, iii) revelarán las partes relacionadas con el deudor y iv) se sugerirá plan de reestructuración para llegar a un acuerdo.
• De llegarse a un acuerdo con el 51% de las acreencias se suscribirá el acuerdo preconcursal ante un Centro de Mediación registrado y este será vinculante para los acreedores disidentes y no concurrentes.
• El acuerdo podrá ser impugnado únicamente por vía ordinaria y en los casos en que se haya producido un perjuicio a uno o varios acreedores.
• El acuerdo deberá contener i) Identificación de deudor y acreedores que suscriben, ii) Identificación del resto de acreedores, iii) Declaración Juramentada con el detalle de las obligaciones, iv) Acuerdo, v) Medios que demuestren que se ha comunicado a todos los acreedores la invitación a mediación, vi) Designación de supervisor.

Sección II: Concurso Preventivo Excepcional

Si no se llegaré a un acuerdo de conformidad a la sección anterior, el deudor podrá presentar una solicitud judicial excepcional de concurso preventivo cumpliendo con los siguientes requisitos:

• Adjuntar acta de imposibilidad de mediación
• Adjuntar declaración juramentada manifestando que no puede cumplir con obligaciones exigibles o que no podrá cumplirlas
• Relación de todos los acreedores, consignando datos generales del acreedor, así como de la deuda.
• Listado de procesos judiciales, arbitrales o administrativos que sean de carácter patrimonial iniciados por o en contra del deudor.
• Plan de reestructuración sugerido

Si el juez encuentra que se reúnen los requisitos, convocará a una junta de acreedores además de ordenar la suspensión de todo proceso iniciado en contra del deudor.

Sección III: Procedimiento excepcional de rehabilitación judicial

Si los bienes del deudor alcanzan para cubrir al menos el 60% de la deuda, el juzgador ordenará la rehabilitación del deudor y dispondrá que se realice un plan de pagos por la diferencia. Si dicho plan de pagos fuese incumplido, el juzgador podrá revocar dicha rehabilitación.

Sección IV: Prelación de los créditos de primera clase

Para los años 2020 hasta el 2023, la prelación de créditos de primera clase será la siguiente:

1. Alimentos
2. Trabajadores
3. Costas judiciales que se causen en el interés común de los acreedores.
4. Gastos de enfermedad
5. Gastos funerarios
6. Acreedores pignoraticios e hipotecarios (prendas e hipotecas)
7. Los demás acreedores del deudor de los demás segmentos de crédito
8. IESS
9. Estado Ecuatoriano
10. Artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y su familia durante los últimos tres meses.

Disposiciones generales, reformatorias, transitorias y derogatoria

Se establecen varias disposiciones generales, reformatorias y transitorias, una disposición derogatoria y otra interpretativa.

• Entre las disposiciones generales destaca la obligación que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación de presentar a la Asamblea Nacional un “esquema de racionalización institucional y optimización de gasto del sector público”, hasta septiembre de 2020.

• En cuanto a las disposiciones reformatorias, se incorpora al Código del Trabajo (CT) y a la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) la modalidad de teletrabajo, con las particularidades propias de cada régimen laboral. Así, en la reforma al CT se define al teletrabajo y se establece sus formas: autónomos, móviles, parciales y ocasionales. Además, se norma el derecho a la desconexión, que deberá ser de al menos doce horas continuas en un periodo de veinticuatro horas.

Por otro lado, en la reforma a la LOSEP se define al teletrabajo y se establece que todas las jornadas de trabajo pueden funcionar bajo esa modalidad. De igual manera que en el CT, se garantiza el derecho a la desconexión del servidor público.

En otra cuestión, en el Código del Trabajo se incorpora como una enfermedad profesional a los síndromes respiratorios agudos causaos por virus.

Finalmente, la Ley reforma la LOSEP y exceptúa del beneficio de pensión vitalicia a los ex mandatarios (Presidente y Vicepresidente de la República) que no hubiesen concluido el periodo para el que fueron electos por haber sido cesados por las causales establecidas en el Constitución de la República del Ecuador o que hayan sido sentenciados por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, delitos contra la vida, de lesa humanidad, contra la fe pública, y/o de agresión o violencia sexual.

• En lo que se refiere a las disposiciones transitorias destaca la obligación del Ministerio de Trabajo de establecer los procedimientos y modalidad de trabajo adecuado para que las personas en condición de vulnerabilidad frente al COVID-19 puedan desempeñar sus actividades laborales mientras se mantenga el riego de contagio.

En otro tema, se dispone a las entidades del sector público, las entidades prestadoras de servicios públicos, los órganos de las distintas funciones del Estado, cualquiera fuere su naturaleza, así como las entidades del sistema financiera que organicen e implementen mecanismos tecnológicos.

• Finalmente, en lo que concierne a las disposiciones derogatoria e interpretativas, la Ley derogar la disposición de la Ley de Turismo que establecía la contribución del uno por mil sobre el valor de los activos fijos que debían pagar todos los establecimientos prestadores del servicio de turismo; e, interpreta el numeral 6 del artículo 169 del CT, que se refiere al caso fortuito o fuerza mayor.