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El 17 de febrero de 2021, se publicó la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en materia Anticorrupción. Esta ley tiene como objeto fortalecer la lucha contra la corrupción que el Gobierno Central ha promovido desde hace algunos meses.

Esta normativa incorpora temas relacionados a la anticorrupción respecto de atenuantes de delitos, nuevos delitos contra la eficacia de la administración pública y económicos. Adicionalmente, impone cargas hacia personas jurídicas y naturales.

Los puntos más relevantes de esta Ley Reformatoria son:

1. Para los delitos cometidos por personas jurídicas se agregó como circunstancia atenuante que estas hayan implementado, antes de la comisión del delito, sistemas de integridad, normas, programas y/o políticas de cumplimiento, prevención dirección y/o supervisión, a cargo de un departamento u órgano autónomo en personas jurídicas de mayor dimensión, o una persona responsable en el caso de pequeñas y medianas empresas, cuyo funcionamiento se incorpore en todos los niveles directivos, gerenciales, asesores, administrativos, representativos y operativos de la organización.
2. Los sistemas de integridad, normas, programas y/o políticas de cumplimiento, prevención dirección y supervisión, como mínimo deberán contemplar: la identificación, detección y administración de actividades, controles internos con responsables, supervisión y monitoreo continuo, modelos de gestión financiera, canal de denuncias, código de ética, programas de capacitación del personal, mecanismos de investigación interna, obligaciones de informar al encargado de cumplimiento sobre posibles riesgos o incumplimientos, normas de sanción disciplinarios, programas conozca a su cliente o debida diligencia. Estos son los elementos determinados por la Ley Reformatoria, sin embargo los mismos se pueden ampliar mediante la emisión de un Reglamento.
3. Se tipificaron varias conductas como nuevos delitos penales:
   • Obstrucción a la justicia.
   • Sobre precios en contratación pública.
   • Actos de corrupción en el sector privado.
4. Se modificaron los tipos penales y/o las penas para los delitos de peculado, cohecho, concusión y tráfico de influencias.
5. Se incluyó el deber de denunciar delitos para los ciudadanos en general, quienes por sus actividades conocieren de los delitos enlistados en el artículo 422.1 del COIP.
6. Se introduce una compensación económica para las personas (whistleblower) que con su aporte de pruebas permitan la recuperación de dineros, fondos, activos, bienes y beneficios producto de actividades delictivas descritas en el artículo 430.2 del COIP. Esta compensación podrá ser entre un 10% y 20% de lo efectivamente recuperado.
7. Se agregaron como causales de inhabilitación para contratar con el Estado, la sentencia de sobreprecio en contratación pública y la sentencia condenatoria de corrupción en el sector privado.
8. Finalmente se amplió el catálogo de delitos que no pueden acceder a la suspensión condicional de la pena y al régimen semiabierto.

Asimismo, esta Ley modificó artículos correspondientes a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la Ley de la Contraloría General del Estado.

Para mayor información contactarse con aacosta@pazhorowitz.com, gsantelices@pazhorowitz.com y evivero@pazhorowitz.com