El 10 de setiembre del 2020, el Gobierno de Costa Rica anunció la autorización de ingreso para ocho estados más de los Estados Unidos. A partir del 15 de setiembre, además de los residentes de Pennsylvania, Massachusetts y Colorado, podrán ingresar también los residentes de los siguientes estados:

• Washington
• Oregon
• Wyoming
• Arizona
• Nuevo México
• Michigan
• Rhode Island

Además, a partir del 1 de octubre, podrán ingresar al país los residentes de:

• California

El ingreso de viajeros a Costa Rica desde esos estados tendrá varios requisitos obligatorios:

• Demostrar, con la licencia de conducir o con la identificación estatal, que reside en uno de los estados permitidos.
• Demostrar resultado negativo de la prueba COVID-19, obtenido en las 72 horas previas al viaje.
• Completar un formulario digital epidemiológico que habilitará la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), disponible en distintos idiomas.
• Obtener un seguro de viaje que cubra alojamiento en caso de cuarentena y gastos médicos por enfermedad aguda.

En caso de que un viajero no cumpla con estos requisitos, no podrá viajar a Costa Rica.

Se permitirá el ingreso al país de vuelos privados desde los Estados Unidos y deberán cumplir los requisitos ya mencionados. En caso de que provengan de algún estado o país no autorizado, serán sometidos a un mecanismo de excepción para analizar caso por caso.

También podrán ingresar al país yates privados. Si los viajeros no traen consigo la prueba PCR negativa, o si zarparon de una ciudad o país no autorizado hasta ahora, recibirán una orden sanitaria de cuarentena de la cual se descontarán los días que lleven en altamar a partir del último zarpe que queda registrado en la bitácora del yate.

Las fronteras terrestres continuarán cerradas.

El área de práctica de Derecho Laboral y Migratorio de Dentons Muñoz Costa Rica ofrece asesoría legal relacionada con:

• Revisión del marco legal aplicable para determinar la ampliación de las fronteras aéreas para residentes de más estados de los Estados Unidos.
• Elaboración de opiniones legales referentes a temas migratorios.
• Consejos prácticos y estratégicos para evitar futuros inconvenientes legales.

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