Costa Rica ha promulgado legislación laboral, tendiente a gestionar la coyuntura que se atraviesa: 

1. Ley No. 9832, Ley de autorización de reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria de emergencia.
2. Decreto No. 43348-MTSS, Reglamento para el procedimiento de suspensión de contratos de trabajo en casos relacionados con los incisos a) y b) del Artículo 74 del Código de Trabajo. 

Las medidas buscan aliviar la carga salarial de las empresas y procurar que las personas empleadas mantengan sus puestos. Las medidas concretas son: 

• Reducción de la jornada laboral.
• Suspensión temporal del contrato de trabajo.

Los patronos que podrán acceder a estos métodos de alivio, son los que han tenido una reducción en sus ingresos brutos de, al menos, un 20%, en relación con el mismo mes del año anterior;; además, la afectación debe derivarse de la emergencia producida por la pandemia del COVID-19.

En el caso de la reducción de la jornada de trabajo, ésta oscilará entre la reducción del 50% al 75% de horas de la jornada ordinaria. El porcentaje de reducción dependerá de la afectación del negocio, la cual se deberá evaluar caso por caso.

En cuanto a la suspensión temporal del contrato de trabajo, se debe cumplir con requisitos adicionales como: exponer los hechos en los que se fundamenta la suspensión, indicar si es parcial o total, el período estimado de suspensión, entre otros. 

Las solicitudes de ambos beneficios se realizan ante la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). 

Los trabajadores sometidos a estas medidas, podrán eventualmente acceder a beneficios otorgados por el Gobierno y/o moratorias en entidades financieras donde mantengan operaciones crediticias. 

Además, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aprobó una reducción de un setenta y cinco por ciento (75%) en la base mínima contributiva vigente en el Seguro de Salud y en el de Pensiones durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020. Esto, como medida de alivio para patronos, trabajadores y asegurados independientes, en razón de la emergencia mundial provocada por el COVID-19. 

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