¿Ha capacitado a sus gerentes y al equipo de recursos humanos sobre cómo elegir herramientas de monitoreo, como GPS, controles de entrada, grabación telefónica, comportamiento en línea, uso de correo electrónico, CCTV? ¿Ha pensado en el impacto del uso de grupos de WhatsApp para fines laborales? ¿Sabe si puede usar la información disponible en los perfiles de redes sociales de sus empleados? ¿Tiene autorización para manejar información sensible y de salud? ¿Puede verificar antecedentes en Costa Rica?

Estas y muchas otras preguntas requieren un enfoque proactivo, en el que el derecho a la privacidad y la autodeterminación informativa, claramente, se entrelazan con la legislación laboral.

Ahora más que nunca, una empresa debe tener reglas claras y transparentes sobre cómo monitorear a los empleados y procesar su información personal, no solo para cumplir con el estándar legal, sino también para cumplir con las expectativas de privacidad de los empleados.

El mal manejo de los datos puede tener consecuencias para la reputación de su empresa y podría generar responsabilidad laboral, administrativa y civil, además de ser el factor principal por el que un empleador podría perder una demanda laboral.